Sin embargo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) aclaró que la decisión se fundamentó en la “falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna” por parte del organizador para garantizar la seguridad de los asistentes. Luz Ángela Castro, directora de Ocesa, admitió “fallas en el proceso de gestión de permisos” pero atribuyó la situación a un “sistema obsoleto” y a una presunta “guerra sucia” contra el nuevo escenario. La situación generó caos en las afueras del recinto, donde miles de personas esperaron por horas, reportándose desmayos y desorden. Ante la crisis, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el inicio de investigaciones para proteger los derechos de los consumidores, mientras que la Alcaldía de Bogotá estableció que, en adelante, los permisos para eventos masivos deberán estar definidos con un mínimo de cinco días de anticipación. Las empresas organizadoras garantizaron la devolución del 100 % del valor de las boletas, incluyendo el costo del servicio, a través de Ticketmaster.