La sorpresiva cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en Bogotá, minutos antes de su inicio el 27 de septiembre, ha desatado una crisis en la industria de eventos de la capital, exponiendo serias fallas logísticas y regulatorias. Este incidente ha puesto en el centro del debate la seguridad del nuevo escenario Vive Claro Distrito Cultural y la responsabilidad de los organizadores frente a miles de fanáticos afectados. El evento, parte de la gira mundial “Grand National Tour”, fue suspendido generando caos y frustración entre los cerca de 40.000 asistentes que esperaban en largas filas.
Inicialmente, los organizadores, Páramo Presenta y Ocesa, atribuyeron la cancelación a “dificultades logísticas del promotor y del recinto”.
Sin embargo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) aclaró que no otorgó el concepto favorable para el evento debido a la “falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna” por parte del organizador, la cual no fue subsanada a tiempo. La directora de Ocesa, Luz Ángela Castro, admitió “fallas en el proceso de gestión de permisos” y denunció una “guerra sucia” contra el recinto, calificando el sistema de permisos (SUGA) como “obsoleto”. La situación escaló con denuncias de asistentes sobre desorganización y la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que anunció investigaciones para garantizar la protección de los derechos de los consumidores. Ante la controversia, Páramo Presenta ofreció disculpas y se comprometió a realizar el reembolso del 100% del valor de las boletas, incluyendo el costo del servicio, a través de la tiquetera oficial Ticketmaster.
En resumenLa cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá se debió a la falta de permisos otorgados por el IDIGER, que señaló la entrega tardía e incompleta de la documentación de seguridad por parte de los organizadores. El incidente provocó caos entre los miles de asistentes y derivó en el anuncio de un reembolso total de las boletas y el inicio de investigaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger a los consumidores.