La sorpresiva cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en Bogotá, a solo minutos de su inicio, ha generado una profunda controversia sobre la logística de eventos masivos en la capital. El incidente, que afectó a cerca de 40.000 asistentes, ha puesto en tela de juicio los protocolos del nuevo escenario Vive Claro y ha provocado la intervención de las autoridades distritales y de control. La noche del 27 de septiembre se convirtió en una pesadilla para miles de fanáticos que, tras horas de espera bajo la lluvia, se encontraron con la noticia de la suspensión del evento. La versión oficial, emitida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), atribuye la cancelación a la "falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna" por parte del organizador, lo que impidió otorgar el concepto favorable para garantizar la seguridad de los asistentes.
Sin embargo, los promotores Ocesa y Páramo Presenta ofrecieron una narrativa distinta.
Luz Ángela Castro, directora de Ocesa, admitió "fallas en el proceso de gestión de permisos", pero culpó a un "sistema obsoleto" y denunció una "guerra sucia" contra el nuevo recinto, asegurando que el artista estaba listo para presentarse.
Esta discrepancia de versiones ha alimentado la indignación pública.
El caos en los alrededores del Vive Claro fue evidente, con reportes de personas desmayadas y estampidas tras el anuncio. Como respuesta, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una investigación para proteger los derechos de los consumidores, mientras que la Alcaldía de Bogotá estableció nuevas regulaciones, exigiendo que los permisos para eventos masivos estén definidos con un mínimo de cinco días de antelación. La promotora Páramo Presenta se disculpó públicamente y garantizó el reembolso del 100% del valor de las boletas, incluyendo el costo del servicio, a través de Ticketmaster.
En resumenLa cancelación del concierto de Kendrick Lamar se debió oficialmente a la falta de permisos completos por parte de los organizadores, según el IDIGER, aunque la promotora alega fallas en el sistema y una 'guerra sucia'. El incidente resultó en caos para los asistentes, la promesa de un reembolso total, una investigación por parte de la SIC y la implementación de nuevas regulaciones para eventos masivos en Bogotá, dejando en duda la viabilidad de futuros conciertos en el recinto Vive Claro.