La demanda no solo se limita a las irregularidades financieras; también describe un ambiente de coacción. Se acusa a Raphy Pina de utilizar tácticas de intimidación, incluyendo la exhibición de armas de fuego durante reuniones, para disuadir a artistas y colaboradores de cuestionar los registros. A su exesposa, Mireddys González, se le atribuye un papel activo en el presunto esquema, como haber incrementado artificialmente la participación de Pina en las regalías y eliminado correos electrónicos comprometedores.

La acción legal, que también salpica a otros artistas como Don Omar y Tego Calderón, busca una indemnización superior a los tres millones de dólares y la corrección de todos los registros de autoría.

Hasta el momento, ni Pina ni González han emitido declaraciones públicas, mientras el caso promete generar un precedente en la industria musical latina.