Como respuesta, Cabrera ha adoptado una postura de defensa pública, argumentando que sus publicaciones son un pasatiempo personal realizado fuera del horario laboral.

“Yo no bailo en el juzgado. Yo no tengo videos en mi despacho judicial. Estos videos, que tienen todos el mismo fondo, son en mi casa”, declaró a medios de comunicación.

Para contrarrestar las acusaciones sobre su desempeño, ha presentado cifras que respaldan su gestión, afirmando haber alcanzado un índice de procesos del 114 % en 2023 y del 137 % en 2024. Además, denunció lo que considera una “persecución” dentro de la Rama Judicial, señalando que en lugar de recibir reconocimientos por su eficiencia, enfrenta un proceso disciplinario por su vida privada. La jueza también se opuso a una inspección de su teléfono celular ordenada en el proceso, argumentando que violaría su derecho a la intimidad. Con más de 430,000 seguidores en TikTok, el caso de Cabrera ha abierto un debate sobre los límites entre la vida pública y privada de los funcionarios judiciales en la era digital.