Esta estrategia legal se suma a múltiples esfuerzos previos para cambiar su situación judicial mientras permanece recluida en una guarnición militar en Bogotá.

La nueva tutela, admitida por la Sala Civil de la Corte Suprema, busca proteger sus derechos fundamentales, los cuales su defensa considera vulnerados.

Los argumentos centrales se basan en que no se valoró adecuadamente su condición de “madre cabeza de familia” ni el hecho de que ya realizó una reparación económica a las víctimas, como el acuerdo por 467 millones de pesos con Transmilenio. La defensa alega que estas omisiones violan el debido proceso, la igualdad y el principio de favorabilidad. Este recurso representa un nuevo intento después de que la Corte Suprema de Justicia negara tutelas anteriores, manteniendo firme la condena. El principal obstáculo para Barrera es el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, cargo que le ha impedido acceder a beneficios como la prisión domiciliaria. La estrategia de su abogado, Sofonías Santacruz Carabalí, se ha centrado en argumentar que este delito es desproporcionado frente a sus acciones de daño a bienes públicos durante las protestas de 2019. Al llevar el caso a la Corte Constitucional, la defensa espera que el alto tribunal revise la proporcionalidad de la condena y considere las condiciones especiales de la influenciadora para, finalmente, lograr su libertad inmediata o, en su defecto, la casa por cárcel.