TransMilenio ha destacado que este caso representa un avance en la justicia restaurativa, al combinar sanciones económicas con acciones que fomentan la responsabilidad. Sin embargo, la empresa aclaró que el cumplimiento del acuerdo no garantiza la libertad definitiva de la influenciadora, ya que esa decisión recae en los jueces que supervisan su condena de 5 años y 2 meses de prisión por delitos como daño en bien ajeno agravado y perturbación del transporte público. La noticia ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan si la medida es suficiente, mientras que otros la ven como un paso hacia la reconciliación.