“Yo vivía en Medellín.

Me metí en esa casa y el arrendador era la SAE. En ese momento no tenía ni idea de quién era la SAE y ahí es cuando entra mi abogado y me explica que son esa gente de allá (de la Fiscalía)”, relató. Detalló que pagaba un arriendo mensual de 30 millones de pesos, sumando casi 1.500 millones durante su estadía. La decisión de abandonar la propiedad, según él, no fue forzada por ninguna acción legal, sino que optó por mudarse a otra casa de su propiedad que tenía arrendada. Su abogado reforzó esta versión, asegurando que es imposible que se le aplicara extinción de dominio, ya que el influenciador no tiene procesos legales activos.

La estrategia de Cossio fue la transparencia directa con su audiencia, utilizando sus propias plataformas para contrarrestar la desinformación. Explicó que la casa estaba en manos de la SAE porque años atrás había sido objeto de un proceso de extinción de dominio a su anterior propietario, y no a él. Con esta aclaración pública, buscó proteger su reputación y desvincular su imagen de actividades ilícitas, mostrando una gestión de crisis basada en la comunicación directa y la presentación de su versión de los hechos.