La estrategia del artista se centra en una ofensiva legal contundente como respuesta a presuntas irregularidades financieras.
La demanda acusa directamente a su expareja de haber eliminado “información confidencial clave”, lo que sugiere un intento deliberado de ocultar o manipular datos financieros. Esta acción no es un hecho aislado, sino la continuación de un conflicto que se hizo público en 2024, cuando salieron a la luz transferencias por un total de cien millones de dólares realizadas por González y su hermana. Al optar por la vía judicial en lugar de una negociación privada, Daddy Yankee proyecta una imagen de víctima de un perjuicio económico significativo y se posiciona como alguien que busca una reparación a través de los canales formales.
Los artículos describen su postura como inflexible, señalando que “no soltó el tema y volvió a meter a su exesposa en tremendo lío legal”.
Esta estrategia de relaciones públicas, ejecutada a través de sus abogados, busca enmarcar la narrativa en torno a la legalidad y la justicia, distanciándose de un simple conflicto personal y presentándolo como un caso de mala gestión financiera que requiere intervención judicial. La magnitud de la cifra reclamada subraya la seriedad de las acusaciones y asegura que el caso permanezca en el foco mediático, permitiendo al equipo del cantante controlar el relato que se difunde públicamente sobre la separación.