El equipo legal anunció que ya se han iniciado acciones contra quienes resulten responsables de la "obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material". Esto incluye solicitudes a gigantes tecnológicos como Google, Meta y X para remover los contenidos y preservar registros que ayuden a rastrear la "cadena de difusión". El documento finaliza con un llamado a la opinión pública y a los medios para que se abstengan de compartir el video, calificando su reproducción como una forma de "violencia digital" que prolonga el daño a los involucrados.