BIC (Movistar).

La decisión, formalizada mediante el Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025, forma parte de la política de optimización de activos del Estado y coincide con un momento de reconfiguración estratégica en el sector de telecomunicaciones del país. La operación contempla la enajenación total de las 1.108.269.271 acciones ordinarias que posee la Nación, con un precio de oferta fijado en 772,38 pesos por acción, lo que valora la participación estatal en más de 850.000 millones de pesos. El proceso se regirá por la Ley 226 de 1995, que establece un procedimiento de dos etapas. En la primera, las acciones se ofrecerán de manera preferencial a destinatarios de condiciones especiales, como trabajadores, extrabajadores, sindicatos y fondos de empleados de la compañía. Si en esta fase no se vende la totalidad de la participación, se abrirá una segunda etapa dirigida al público en general e inversionistas nacionales y extranjeros.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue facultado para ejecutar el programa de enajenación. El Gobierno ha enfatizado que la venta no afectará la continuidad del servicio de telecomunicaciones ni los derechos de los usuarios, y tampoco modificará las obligaciones regulatorias de Movistar. Esta decisión se produce en un contexto clave para la empresa, en medio del proceso de fusión ya aprobado con Tigo, lo que sugiere un movimiento estratégico del Estado para desinvertir antes de que se consolide la nueva estructura corporativa.