El mercado colombiano de telecomunicaciones ha operado durante años con un desequilibrio evidente, con un operador dominante y dos competidores medianos (Tigo y Movistar) enfrentando crecientes presiones financieras para mantener y desplegar redes 4G y 5G.

La integración surge como una respuesta a esta fragilidad estructural, permitiendo a ambas compañías alcanzar una escala operativa que las consolide como un competidor más viable. Sin esta unión, existía una amenaza concreta de que uno de los actores quedara fuera del mercado, reduciendo la competencia efectiva. La SIC impuso exigencias estrictas para la aprobación, entre ellas, ofrecer tarifas mayoristas más favorables para los operadores móviles virtuales (OMV), establecer topes al roaming automático nacional en beneficio de WOM y futuros operadores, y prohibir prácticas comerciales que puedan desplazar a competidores pequeños. Para los usuarios, la medida se traduce en una red unificada más robusta, mejor calidad de servicio y mayor cobertura, además de condiciones más competitivas para los OMV, lo que podría resultar en mejores precios.