Ecopetrol, la principal empresa de Colombia, se encuentra en el centro de múltiples controversias que involucran a su junta directiva, sus operaciones internacionales y la intervención del Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro ha emitido duras advertencias sobre la inversión en la cuenca de Permian en Estados Unidos, mientras surgen denuncias sobre el uso irregular de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para investigar a directivos. El presidente Petro ha instado públicamente a la petrolera a desinvertir en el proyecto de fracking de Permian, advirtiendo que la inversión de 1.500 millones de dólares está en riesgo y no será recuperable. El mandatario argumentó que la operación podría "chupar" más recursos de la compañía y que existe un peligro latente por posibles sanciones de la OFAC (Lista Clinton), afirmando que "en mi criterio, hay que salir de Estados Unidos ya". Adicionalmente, señaló que la deuda de Ecopetrol se acerca a los 30.000 millones de dólares, superando el valor de sus activos, lo que podría llevarla a la quiebra. En paralelo, ha surgido una grave controversia sobre la gobernanza corporativa, tras revelarse que Ecopetrol solicitó a la UIAF realizar seguimientos financieros a por lo menos seis miembros de su junta directiva y a otros funcionarios, aparentemente sin una orden judicial.
Entre los investigados se encuentran exministros y exgerentes del Banco de la República como Carlos Gustavo Cano y Juan José Echavarría, así como el actual ministro de Minas, Edwin Palma.
La Procuraduría ya abrió una indagación preliminar sobre estos hechos.
Este cúmulo de problemas se suma a la reciente renuncia del miembro independiente de la junta, Guillermo García Realpe.
En resumenLa petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, se enfrenta a un escrutinio intenso por las advertencias públicas del presidente Petro para que desinvierta en sus activos de Permian en EE. UU. debido a riesgos financieros y políticos. A esto se suman graves acusaciones de que la empresa utilizó la unidad de inteligencia financiera del Estado (UIAF) para monitorear indebidamente a sus propios miembros de la junta directiva, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la gobernanza corporativa y política de la compañía.