La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración empresarial entre Tigo y Movistar, una operación que reconfigura el sector de telecomunicaciones en Colombia. La decisión impone un conjunto de condicionamientos orientados a mitigar los riesgos de una concentración de mercado y proteger a los operadores más pequeños y a los consumidores. Tras más de diez meses de análisis, la SIC, bajo la dirección de la superintendente Cielo Rusinque, dio luz verde a la fusión, advirtiendo que sin las restricciones impuestas se podría consolidar un duopolio donde Claro y la nueva empresa Tigo-Movistar controlarían cerca del 85 % del mercado. La operación generó una fuerte oposición de competidores como WOM, que alertó sobre el riesgo de su desaparición y recurrió al presidente Gustavo Petro para frenar la unión. Para evitar un “desmejoramiento de las condiciones de competencia”, la SIC impuso medidas estrictas por un periodo de cuatro años. Entre ellas, se obliga a la empresa integrada a ofrecer tarifas de Roaming Automático Nacional con descuentos de entre 12,5 % y 24,3 % para WOM, y de entre 11 % y 46 % para los Operadores Móviles Virtuales (OMV). Además, se prohíbe a la nueva entidad dirigir campañas comerciales para desplazar a competidores pequeños y se exige total transparencia en el empaquetamiento de servicios.
En 82 municipios donde la empresa resultante podría tener una posición dominante, no podrá incrementar tarifas ni disminuir la calidad del servicio, usando como referencia mercados competitivos como Bogotá, Pasto y Popayán.
A pesar de las medidas, expertos como el exsuperintendente delegado Juan Pablo Herrera advierten que los condicionamientos podrían ser insuficientes para garantizar la competencia a largo plazo.
En resumenLa SIC aprobó la fusión Tigo-Movistar con estrictas condiciones para prevenir un duopolio con Claro. Estas medidas incluyen tarifas mayoristas reguladas para operadores más pequeños como WOM, mayor transparencia y la prohibición de prácticas anticompetitivas, con el objetivo de equilibrar la eficiencia del mercado con la protección del consumidor.