Una disputa tributaria entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, ha escalado a un nivel crítico. La DIAN exige el pago retroactivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre combustibles importados, una suma que supera los $1,3 billones y que, de ejecutarse mediante embargo, podría paralizar las operaciones de la refinería. El conflicto se originó a partir de un concepto de la DIAN de diciembre de 2024, que estableció que la importación de gasolina y ACPM está gravada con un IVA del 19%. La entidad aplicó esta interpretación de manera retroactiva a los años 2022, 2023 y 2024, generando una deuda que, según Reficar, asciende a más de $1,5 billones. La refinería advirtió que un embargo a sus cuentas la obligaría a detener sus operaciones en un plazo de 7 a 18 días, lo que afectaría el 47% de la refinación diaria del país y el suministro de combustibles en la costa Caribe.
Adicionalmente, Ecopetrol enfrenta otro cobro por $17.400 millones por el mismo concepto.
Ante la situación, tanto Reficar como la Unión Sindical Obrera (USO) interpusieron acciones de tutela para frenar el cobro. Por su parte, la DIAN aclaró que, aunque mantiene su postura sobre la obligatoriedad del pago, hasta el 6 de noviembre no había decretado medidas cautelares ni embargos. Expertos como el exministro José Manuel Restrepo han llamado a la prudencia, advirtiendo sobre el riesgo para la seguridad energética del país. La controversia también ha puesto de manifiesto la necesidad de liquidez del Gobierno ante el bajo recaudo tributario.
En resumenEl conflicto entre la DIAN y Reficar representa un riesgo significativo para el suministro energético de Colombia y la estabilidad financiera de Ecopetrol. Aunque la DIAN mantiene su posición legal, las potenciales consecuencias económicas y operativas han derivado en acciones judiciales y llamados a la prudencia por parte de diversos sectores.