La orden judicial prohíbe a Google firmar contratos de exclusividad que garanticen que su motor de búsqueda sea la opción predeterminada en dispositivos, navegadores y otras aplicaciones como Gemini o la Play Store. Aunque la empresa aún podrá pagar a sus socios para aparecer como la opción principal, no podrá impedir que se ofrezcan alternativas. La medida más disruptiva es la obligación de compartir parte de su índice de búsqueda y ciertos datos de consultas con competidores como Bing de Microsoft o DuckDuckGo, lo que les permitirá mejorar la calidad de sus propios servicios. La decisión fue recibida como una victoria parcial para Google, cuyas acciones subieron al evitarse una reestructuración, mientras que el Departamento de Justicia la calificó como “una victoria significativa para el pueblo estadounidense”, sentando un precedente clave en la regulación de las grandes tecnológicas.