La medida, formalizada en la Resolución No.

60099 del 19 de agosto de 2025, podría forzar a la compañía a permitir tiendas de aplicaciones de terceros en sus dispositivos con sistemas operativos iOS y iPadOS. La investigación de la Delegatura para la Protección de la Competencia se centra en dos conductas presuntamente restrictivas. En primer lugar, se acusa a Apple de limitar a los desarrolladores la creación y operación de tiendas de aplicaciones alternativas, lo que en la práctica obliga a que toda la distribución de software se realice exclusivamente a través de su App Store. Según la SIC, este comportamiento tendría como objetivo excluir a competidores y mantener un control monopólico sobre el ecosistema digital de sus dispositivos. La segunda acusación se refiere a la imposición de su sistema de pagos, In-App Purchase (API), como método exclusivo para la adquisición de servicios y suscripciones digitales.

Esta política prohíbe a los desarrolladores ofrecer métodos de pago alternativos, que podrían ser más económicos para los consumidores, y les impide informar a los usuarios sobre estas otras opciones.

Apple cobra comisiones que oscilan entre el 15 % y el 30 % por cada transacción realizada a través de su sistema.

La SIC advierte que estas prácticas podrían generar “barreras artificiales para nuevos competidores, la imposición de sobrecostos injustificados en los servicios digitales y una degradación de la experiencia del usuario”. Si se comprueba la infracción, Apple podría enfrentar sanciones significativas por obstaculizar la libre competencia en el país.