Diversos casos recientes ilustran la precariedad y la lucha por el derecho al trabajo que enfrentan, así como las diferentes respuestas institucionales que esta situación genera. Por un lado, se observan acciones de protesta colectiva, como la manifestación de cerca de 500 recicladores en Bogotá contra un decreto que, según denuncian, vulnera su derecho al trabajo mediante el decomiso de material. Este tipo de eventos evidencia cómo la regulación puede ser percibida como una amenaza directa al sustento de comunidades que dependen de la economía informal. A nivel individual, la vulnerabilidad es igualmente palpable, como lo demuestra el caso de Jesús Cañón en Acacías, un vendedor ambulante a quien le fue decomisada su herramienta de trabajo —un puesto de perros calientes adaptado sobre una motocicleta averiada—, afectando el único ingreso de su familia.

Por otro lado, existen respuestas institucionales que buscan ofrecer alternativas.

Tras una polémica generada en redes sociales por el retiro de una vendedora informal en la Zona T de Bogotá, el Instituto para la Economía Social (Ipes) intervino ofreciéndole una oportunidad de trabajo formal. Este hecho contrasta con las acciones de decomiso y sugiere una vía de integración y formalización como posible solución a los conflictos derivados de la informalidad en el espacio público.