Este caso evidencia cómo una política, posiblemente diseñada con fines de ordenamiento, choca con una actividad económica esencial para miles de familias. Paralelamente, la situación de los vendedores ambulantes ilustra una lucha similar.

En Acacías, el emprendedor Jesús Cañón vio cómo su puesto de perros calientes, adaptado sobre una motocicleta averiada que describe como su única 'herramienta de trabajo', fue retirado por las autoridades. En Bogotá, un caso similar de retiro de una vendedora en la Zona T generó tal polémica en redes sociales que el Instituto para la Economía Social (Ipes) intervino ofreciéndole una alternativa de trabajo formal. Si bien esta resolución es positiva, subraya que la acción inicial fue conflictiva y que la solución surgió a raíz de la presión pública.

Estos eventos, en conjunto, pintan un panorama de vulnerabilidad para el sector informal, que constantemente debe defender su legitimidad y su espacio para poder trabajar dignamente.