La medida, calificada como una "masacre laboral" por el sindicato Sinprisa, afectó a periodistas, productores y personal técnico, incluyendo figuras reconocidas como Alfonso Ospina y Paula Bolívar.

En respuesta, el Ministerio de Trabajo, tras una visita de inspección, impuso medidas preventivas a la empresa, ordenándole "abstenerse de efectuar la terminación de los contratos individuales de trabajo sin justa causa" y de "ejecutar cualquier acto atentatorio contra la libertad sindical". La cartera laboral encontró que la empresa presuntamente violó el fuero circunstancial de trabajadores sindicalizados de Sintracaracol. La periodista Mónica Rodríguez denunció públicamente la situación, afirmando que "la crisis de los medios se ahonda" y que los espacios laborales son cada vez más reducidos. Las directivas de la empresa argumentaron ante el Ministerio que la reestructuración responde a la transformación de la industria, la caída de ingresos y la migración de audiencias a plataformas digitales. Este episodio evidencia la tensión entre la necesidad de adaptación de los medios y la garantía de los derechos laborales, en un sector que enfrenta una crisis estructural de sostenibilidad.