Esta realidad plantea un desafío estructural para el país, ya que un empleo informal implica que los trabajadores carecen de acceso a pensiones, cesantías, primas y cobertura de riesgos laborales. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, calificó la informalidad como una “bomba de tiempo para la vejez de millones de colombianos”, destacando que tres de cada cuatro trabajadores no logran cotizar lo suficiente para pensionarse. El caso de Montería es un claro ejemplo de esta contradicción: a pesar de tener una de las tasas de desempleo más bajas en una década (8,1%), su índice de informalidad es del 62%, lo que ha obligado a la administración local a crear estrategias específicas para fomentar la contratación formal.