Esa es la realidad que tenemos que transformar”.

Los beneficios para los empleadores son significativos: una deducción del 200 % en el impuesto a la renta por el valor de salarios y prestaciones pagados a personas con discapacidad y a mujeres víctimas de violencia comprobada. Asimismo, se ofrece una deducción del 120 % por la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años en su primer empleo y de adultos mayores sin pensión. Esta política se alinea con esfuerzos legislativos previos, como la Ley 2214 de 2022, que obliga a destinar el 10 % de los contratos públicos a jóvenes sin experiencia, y con el objetivo gubernamental de revertir la tendencia del crecimiento del empleo informal mediante cambios en la legislación.