Ciudades como Cartagena exhiben una tasa de informalidad superior al 60 %, lo que evidencia un problema estructural que las reformas laborales intentan abordar sin soluciones claras hasta el momento.

Esta precariedad tiene consecuencias a largo plazo, como la brecha pensional de género, donde solo una de cada ocho mujeres logra pensionarse debido a trayectorias laborales intermitentes y la sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado. La informalidad estructural, que afecta especialmente a las mujeres, es un obstáculo para la justicia económica y la movilidad social, consolidando un modelo donde el crecimiento numérico del empleo no se traduce en bienestar generalizado.