Las empresas que contraten a personas con discapacidad o a mujeres víctimas de violencia comprobada podrán deducir el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados. Para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años en su primer empleo, o de adultos mayores que no reciben pensión, la deducción será del 120% del valor de los salarios. Adicionalmente, se ofrecen reducciones progresivas en los aportes parafiscales para la contratación de personas pospenadas.

Sanguino enfatizó que estos incentivos son una oportunidad para armonizar la productividad con el trabajo digno y decente, demostrando que el crecimiento económico “no es incompatible con trabajo digno” y el cumplimiento de la reforma laboral. Esta medida busca no solo generar empleo, sino también promover la inclusión social y fortalecer el aparato productivo del país.