La principal exigencia es el reintegro de todos los operarios a sus labores, argumentando que su trabajo es esencial para el mantenimiento y la limpieza de los espacios públicos de la capital. La denuncia pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores contratados bajo esquemas de convenios interadministrativos y la necesidad de proteger sus derechos laborales ante cambios contractuales entre entidades públicas.