Este fenómeno afecta desproporcionadamente a mujeres y migrantes, limitando el desarrollo económico y la protección social.

Datos del DANE para el trimestre julio-septiembre de 2025 revelan un panorama preocupante para la Costa Caribe. Santa Marta, por ejemplo, registró una tasa de informalidad del 59,3 %, ubicándose como la séptima capital con el mayor índice. Otras ciudades de la región presentan cifras aún más alarmantes: Sincelejo encabeza la lista nacional con un 69,1 %, seguida de Montería con un 64,1 % y Riohacha con un 63 %. Todas estas cifras superan con creces el promedio nacional del 55,0 %, que ya de por sí representa a más de 13 millones de trabajadores sin cotización a salud ni seguridad social. Esta realidad económica obliga a una gran parte de la población a subsistir a través de micronegocios y ventas ambulantes.

Un informe detalla que la principal fuente de financiación para estos emprendimientos son los ahorros personales (59,8 %), mientras que solo un 2,8 % accede a préstamos bancarios.

De manera alarmante, entre quienes solicitan crédito, el 56,2 % recurre a prestamistas informales conocidos como "gota a gota".

La situación es especialmente crítica para las mujeres migrantes en zonas de frontera como Cúcuta, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad: la precariedad del "rebusque" y el acoso constante. Como relata una vendedora, estas mujeres no solo luchan por el sustento diario, sino que también deben resistir la estigmatización y la violencia en un entorno sin protección estatal efectiva.