Esta problemática es aún más aguda en ciertos sectores y regiones.

En la agricultura, la informalidad supera el 86 %, mientras que en turismo, gastronomía y actividades artísticas, alcanza el 73 %.

Ciudades como Sincelejo, Montería y Valledupar lideran los índices nacionales.

Incluso en ciudades con buen desempeño en empleo, como Bucaramanga e Ibagué, las tasas de informalidad se mantienen elevadas, rondando el 48 %.

Un reflejo crudo de esta realidad es la situación de los vendedores ambulantes. Una encuesta del DANE reveló que en 2024 se contabilizaron más de 507.000 negocios de este tipo, de los cuales el 94 % son informales y el 97,6 % de sus propietarios no cotiza a salud ni a pensión. Esta exclusión del sistema contributivo convierte la seguridad social en un privilegio en lugar de un derecho universal, como advierte CODESS, y limita la movilidad social. Aunque se ha registrado que más de medio millón de los nuevos empleos creados en el último año son formales, el avance es leve y no logra contrarrestar la magnitud del problema. Los expertos coinciden en que para consolidar la recuperación económica es crucial fortalecer políticas activas que promuevan la formalización y la inclusión laboral.