Sin embargo, la realidad para una gran parte de ellas es muy diferente. Muchas continúan laborando sin un contrato de trabajo formal, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad y desprotección. Esta informalidad se traduce en la ausencia de pago por horas extras, la negación de periodos de vacaciones y, en muchos casos, la falta de afiliación al sistema de seguridad social. El Ministerio de Trabajo ha manifestado su compromiso de abordar esta problemática, prometiendo fortalecer la inspección laboral para vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los empleadores y promover la formalización del sector. No obstante, los sindicatos y organizaciones sociales advierten que las promesas no son suficientes y exigen acciones concretas, como campañas de sensibilización dirigidas a los empleadores, la imposición de sanciones efectivas a quienes incumplan la ley y la creación de programas de capacitación para que las trabajadoras conozcan y puedan exigir sus derechos. La lucha por la igualdad de derechos y el reconocimiento social es clave para que las garantías laborales dejen de ser solo una promesa en el papel.