Persiste la brecha entre la ley y la realidad para las trabajadoras domésticas en Colombia

A pesar de que la legislación colombiana reconoce derechos laborales fundamentales para las trabajadoras domésticas, una profunda brecha sigue separando las garantías legales de las condiciones reales de trabajo que enfrenta este sector. La informalidad, la falta de contratos escritos y el incumplimiento en el pago de prestaciones sociales continúan siendo la norma para miles de mujeres que sostienen los hogares del país. La ley establece claramente que las trabajadoras domésticas tienen derecho al pago del salario mínimo, la afiliación al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como a prestaciones como primas, cesantías y vacaciones.

Sin embargo, la realidad en muchos hogares es distinta.

Un gran número de ellas labora sin un contrato formal que respalde su relación laboral, lo que las deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta informalidad facilita que los empleadores evadan sus responsabilidades, como el pago de horas extras o el reconocimiento de los periodos de descanso. El Ministerio de Trabajo ha manifestado su compromiso de intensificar las labores de inspección, vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de la normativa. No obstante, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil advierten que las promesas gubernamentales deben materializarse en acciones concretas y efectivas. Entre las demandas se encuentran la realización de campañas de sensibilización dirigidas tanto a empleadoras como a trabajadoras, la imposición de sanciones severas a quienes incumplan la ley y la creación de programas de capacitación que empoderen a las trabajadoras sobre sus derechos y cómo exigirlos. La dignificación del trabajo doméstico sigue siendo una deuda histórica y un paso indispensable para la justicia social en Colombia.

En resumen

La formalización y el respeto de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas es una tarea pendiente en Colombia. Superar la brecha entre la ley y la práctica exige un mayor control por parte del Estado, un cambio cultural en los hogares empleadores y un mayor empoderamiento de las trabajadoras.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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