Accidente fatal en El Dorado destapa denuncias sobre precarización y fallas de seguridad laboral

La muerte del joven trabajador Marlon Andrey Cristiano Ortiz, de 22 años, en la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado ha generado una fuerte reacción de los sindicatos del sector aéreo, quienes denuncian graves fallas en los protocolos de seguridad y una creciente precarización laboral. El accidente, ocurrido el 20 de octubre cuando una grúa de carga de Avianca arrolló al operario de la empresa Talma, ha puesto el foco en las condiciones de trabajo en la principal terminal aérea del país. Tras el suceso, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo y de Servicios Aeroportuarios (ANTSA) emitió un duro pronunciamiento, asegurando que llevaban meses advirtiendo sobre los riesgos. Dani Moreno, presidente del sindicato, declaró que existe un “flagrante y evidente incumplimiento de la política de seguridad integral por parte de Avianca, y también una omisión de la Aeronáutica Civil y del Ministerio del Trabajo”. Según Moreno, la alta rotación de personal, la falta de capacitación adecuada y la tercerización han debilitado la seguridad, creando un entorno donde “prima el capital antes que la vida”. El sindicato afirmó haber solicitado una inspección al Ministerio de Trabajo el 15 de septiembre, la cual se realizó el 29 del mismo mes, pero sin resultados efectivos que evitaran la tragedia. Avianca lamentó el hecho, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, reafirmando su compromiso con la seguridad. Mientras tanto, las autoridades aeronáuticas y la Fiscalía analizan las grabaciones de seguridad para determinar las responsabilidades.

El sindicato no descarta convocar una huelga si no se adoptan medidas correctivas urgentes.

En resumen

El trágico fallecimiento de un trabajador en El Dorado ha escalado más allá de un accidente aislado, convirtiéndose en un símbolo de las denuncias sindicales sobre la precarización laboral y la falta de seguridad en el sector aéreo. El caso exige una revisión profunda de los protocolos de contratación, capacitación y supervisión para evitar futuras tragedias.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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