La investigación busca esclarecer si los retiros fueron genuinamente voluntarios o si los empleados fueron coaccionados. Los testimonios de los afectados, entre los que se encuentran 17 oriundos de Boyacá, sugieren que muchos no fueron informados adecuadamente sobre sus derechos ni indemnizados conforme a la ley, afectando a personas enfermas, padres y madres solteros y personal cercano a la jubilación. Por su parte, la presidenta del club, Sandra Rocío Neira, ha calificado la acción como una “reingeniería interna” necesaria para la sostenibilidad financiera de la organización.

En un comunicado oficial, El Nogal afirmó: “Este proceso de reorganización interna se llevó a cabo mediante un plan de retiro voluntario, al que algunos empleados se acogieron de mutuo acuerdo”. Sin embargo, la magnitud de las desvinculaciones y las denuncias de presiones han generado un amplio rechazo social, siendo calificadas como una muestra de “indolencia social”.

Expertos laborales advierten que si se comprueba un despido colectivo irregular, el club podría enfrentar sanciones administrativas, indemnizaciones millonarias y un significativo daño reputacional.