Recientes fallos judiciales también han aclarado los límites que tienen las empresas y empleadores en estos casos especiales.

La protección laboral reforzada implica que un empleador no puede despedir a un trabajador diagnosticado con ansiedad o depresión sin enfrentar consecuencias legales significativas. Este avance legislativo reconoce que las condiciones de salud mental pueden afectar la capacidad laboral de una persona de manera temporal y que, por lo tanto, requieren un tratamiento similar al de otras enfermedades, garantizando la estabilidad y el apoyo necesarios para la recuperación del empleado sin el temor a perder su fuente de ingresos.