Ministerio del Trabajo inspecciona el Club El Nogal por presuntos despidos masivos

El Ministerio del Trabajo ha iniciado una inspección de vigilancia y control en el prestigioso Club El Nogal de Bogotá, tras recibir denuncias anónimas sobre un presunto despido masivo que afectaría a más de 130 trabajadores. La intervención busca verificar el cumplimiento de las normativas laborales y proteger los derechos de los empleados. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que inspectores de la Dirección Territorial de Bogotá se encontraban en las instalaciones del club para adelantar las labores de verificación. La denuncia anónima alertó sobre la posible desvinculación de un número significativo de empleados, quienes habrían sido presuntamente presionados para firmar su retiro voluntario. En respuesta a las acusaciones, el Club El Nogal rechazó la noción de un “despido masivo”. A través de sus representantes, la entidad afirmó que los procesos de desvinculación correspondieron a un “retiro voluntario negociado”, sugiriendo que las salidas fueron acordadas mutuamente y no impuestas de manera unilateral. La tarea de los inspectores del Ministerio es determinar la veracidad de los hechos, requiriendo la información y los documentos necesarios para establecer si existió alguna vulneración de las obligaciones laborales por parte del empleador. Dependiendo de los hallazgos, la cartera de Trabajo podría imponer sanciones si se comprueba que se violaron los derechos de los trabajadores. El caso ha generado atención debido a la notoriedad del club y al elevado número de empleados presuntamente afectados, poniendo a prueba los mecanismos de protección laboral del Estado frente a denuncias de esta naturaleza.

En resumen

La inspección del Ministerio del Trabajo al Club El Nogal pone en evidencia un conflicto laboral significativo, donde se enfrentan las denuncias de despidos masivos con la versión del club sobre retiros voluntarios negociados, dejando en manos de la autoridad la determinación final sobre la legalidad de las desvinculaciones.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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