Sin embargo, el panorama regional es muy diferente. Un caso preocupante es el del departamento del Magdalena, que según el DANE fue el único en el país donde la pobreza monetaria aumentó entre 2023 y 2024, pasando del 50,3 % al 51,7 %. El empresario Jorge Camilo Gnecco calificó el resultado de “irónico, cuando el programa de gobierno se llamó ‘Ruta del Cambio’”. Asimismo, un informe de la Defensoría del Pueblo posicionó a Santa Marta como la quinta ciudad con mayor pobreza extrema del país (13,1 %), solo por debajo de Quibdó, Riohacha, Valledupar y Cartagena. En Cali, la situación también es compleja: cerca del 31 % de sus habitantes, equivalente a casi 800 mil personas, vive en condiciones de pobreza. Según Juan Martín Bravo, subsecretario de Desarrollo Económico del Valle, solo entre el 10 % y el 15 % de los jóvenes con educación superior logran acceder a un empleo formal, lo que evidencia una desconexión entre la formación y el mercado laboral que perpetúa los ciclos de pobreza. Estas cifras subrayan que, más allá de los promedios nacionales, la falta de empleo formal y de calidad sigue siendo una barrera fundamental para el desarrollo socioeconómico en muchas regiones del país.
Reducción de la Pobreza en Colombia Muestra Avances, pero la Desigualdad Territorial y el Empleo Precario Persisten
Aunque Colombia ha registrado avances en la reducción de la pobreza a nivel nacional, persisten profundas desigualdades territoriales que demuestran una distribución inequitativa de los beneficios del crecimiento. Informes del DANE y análisis del Banco Mundial indican que las zonas rurales y ciertos departamentos continúan rezagados, vinculando directamente la pobreza con la falta de oportunidades de empleo digno. En 2024, la pobreza monetaria nacional se redujo al 31,8 % y la pobreza multidimensional al 11,5 %.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






