Denuncias de Controladores Aéreos sobre Precarización Laboral Desencadenan Inspección Nacional en Aeropuertos

El Ministerio de Trabajo ordenó una inspección simultánea en todos los aeropuertos del país en respuesta a graves denuncias presentadas por la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Actecta). La agremiación alertó sobre un deterioro de las condiciones laborales que, según afirman, compromete la seguridad operacional del espacio aéreo colombiano. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los controladores expusieron una serie de irregularidades, entre las que se incluyen la precarización laboral, la permanencia en sus cargos de funcionarios mayores de 60 años a pesar de tener un régimen especial de jubilación, la falta de personal y el posible ocultamiento de fallas en los radares. Según la misiva, el servicio se presta “bajo condiciones técnicas y humanas cada vez más precarias”, lo que representa una “amenaza de seguridad operacional”. En respuesta, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que la inspección podría derivar en investigaciones formales y sanciones. “Esa inspección deberá conducir a la apertura de investigaciones en el ministerio, si hay lugar para ello, y a las sanciones correspondientes”, afirmó Sanguino. Por su parte, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) negó un deterioro en la seguridad, asegurando que el sistema aéreo colombiano es seguro y respaldando su afirmación con dos auditorías recientes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que no encontraron “ninguna preocupación significativa sobre seguridad”. Representantes de aerolíneas como Avianca y la IATA respaldaron la postura de la Aerocivil, distinguiendo entre eficiencia operativa y seguridad, y afirmando que esta última “nunca está en riesgo”.

En resumen

Tras denuncias de controladores aéreos sobre precarización laboral y riesgos para la seguridad, el Ministerio de Trabajo ordenó una inspección nacional en todos los aeropuertos. Los controladores alertaron sobre falta de personal y posibles fallas técnicas, mientras que la Aerocivil y las aerolíneas negaron cualquier compromiso a la seguridad operacional, respaldándose en auditorías internacionales.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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