Durante una inspección sorpresa, se encontraron graves irregularidades, como trabajadores sin contrato laboral, sin protección social ni afiliación a riesgos laborales.

La situación se agravó cuando, según el ministro Antonio Sanguino, los trabajadores fueron presuntamente escondidos en una bodega para impedir el contacto con los inspectores, lo que podría constituir un delito. Estas intervenciones reflejan una política de “cero tolerancia” y subrayan la responsabilidad de los empleadores de garantizar condiciones dignas y seguras, aplicando “todo el peso de la ley” a quienes infrinjan la normativa laboral.