Su objetivo es generar mayor equidad, formalización y estabilidad en un mercado marcado por la precariedad y la alta informalidad. La reforma introduce cambios profundos en el Código Sustantivo del Trabajo, entre los que destacan la reducción de la jornada laboral máxima a 42 horas semanales, el reconocimiento de recargos nocturnos desde las 6:00 p. m. y la facilitación de la negociación colectiva para trabajadores de plataformas digitales y rurales. Asimismo, contempla incentivos tributarios para la contratación formal de jóvenes y mujeres, y una regulación específica para el teletrabajo. Esta legislación surge en un contexto económico de crecimiento moderado y una inflación controlada, pero donde persisten desafíos estructurales como una tasa de desempleo del 9,8 % y una informalidad que supera el 55 %.

La nueva normativa ha generado reacciones divididas: mientras las centrales obreras la consideran un avance histórico hacia el trabajo decente, algunos gremios empresariales expresan preocupación por los posibles costos adicionales que podrían afectar la competitividad, especialmente de las pymes. El gobierno defiende que la reforma se implementará gradualmente y que busca dinamizar el mercado con reglas más justas.

El éxito de esta apuesta dependerá de su articulación con políticas integrales de educación, formación y fortalecimiento de la inspección laboral para traducir la estabilidad macroeconómica en bienestar real para los trabajadores.