Esta realidad no solo limita el acceso a la seguridad social, pensiones y estabilidad, sino que también reduce la base de recaudación fiscal del Estado y perpetúa la baja productividad.

La informalidad es particularmente alta en ciudades como Montería (64,1%) y Neiva (52,9%), y sigue siendo un obstáculo para el desarrollo económico sostenible.

La persistencia de este fenómeno subraya la necesidad de políticas públicas que vayan más allá de la simple reducción de la tasa de desocupación y se enfoquen en mejorar la calidad del empleo generado, incentivando la formalización empresarial y protegiendo los derechos de los trabajadores.