Otro foco central es la dignificación del trabajo doméstico. La reforma exige la formalización obligatoria de los contratos por escrito, eliminando la validez de los acuerdos verbales. Además, se establece la afiliación plena y obligatoria al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL y caja de compensación) y el reconocimiento de todas las prestaciones sociales, como prima, cesantías y vacaciones. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la reforma "logra en el espacio de un año la incorporación a la formalización laboral de más de 1.500.000 nuevos trabajadores", de los cuales más de 500.000 serían trabajadoras domésticas. La ley también busca limitar el uso de contratos de prestación de servicios para actividades permanentes y subordinadas, estableciendo que si se demuestran estas características, el contrato deberá ser considerado laboral, con todas las garantías de ley.