La primera permite a las partes acordar por escrito hasta cuatro extensiones, siempre sin superar el tope de cuatro años. La segunda aplica cuando el empleador no notifica la terminación con 30 días de antelación, renovando el contrato automáticamente, pero solo hasta por tres veces consecutivas. Sin embargo, esta búsqueda de estabilidad es vista con escepticismo desde el sector empresarial.

Fenalco ha advertido que la reforma podría llevar a la "destrucción de empleo". Rico Álvarez también señala el riesgo de que las empresas opten por terminar los contratos antes de los cuatro años para evitar la conversión a indefinido, lo que podría traducirse en "más rotación laboral". Para los contratos vigentes antes de la reforma, se estableció un período de transición hasta el 25 de junio de 2029, fecha a partir de la cual todos los que superen los cuatro años se volverán indefinidos. Desde la perspectiva de los trabajadores, como Pilar, una madre cabeza de familia, la reforma representa una promesa de equidad y la posibilidad de equilibrar empleo y vida familiar.