Este fenómeno estructural, que se arrastra por décadas, refleja las limitaciones del modelo productivo y las profundas desigualdades territoriales. Según análisis recientes, la tasa de informalidad en Colombia se mantiene alrededor del 55 %, una cifra que ha oscilado entre el 50 % y el 60 % durante décadas, demostrando que no es un problema coyuntural. Existe una correlación directa y alarmante entre informalidad y pobreza: un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) mostró una correlación del 71 % entre la pobreza departamental y el peso del trabajo por cuenta propia. Esto se evidencia en las disparidades regionales, donde departamentos como Tolima registran una informalidad del 78 %, mientras que en La Guajira o Chocó la pobreza supera el 65 %, en contraste con Bogotá. Las causas son profundas y van desde la heterogeneidad productiva, donde un pequeño sector moderno no logra absorber toda la mano de obra, hasta factores institucionales como los altos costos no salariales de la contratación formal.

A pesar de reformas pasadas, el avance ha sido limitado.

La informalidad actúa como un círculo vicioso: limita la productividad, erosiona la base fiscal del Estado y perpetúa la exclusión social, aunque también funciona como un amortiguador en épocas de crisis, como se vio durante la pandemia. Abordar este desafío requiere políticas sostenidas que fortalezcan la productividad regional, simplifiquen la normativa y construyan un piso de protección social universal.