Esta problemática es aún más crítica en las zonas rurales, donde la cifra asciende al 83,1 %.

Diversos análisis califican esta situación como el “principal obstáculo para un desarrollo sostenible” y un “problema estructural que el país arrastra desde hace décadas”, desestimando que sea un fenómeno reciente.

La correlación entre pobreza e informalidad es evidente; un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) mostró una correspondencia del 71 % entre la pobreza departamental y el peso del trabajo por cuenta propia. La persistencia de la informalidad se explica por la heterogeneidad productiva del país, donde un sector moderno e intensivo en capital no logra absorber toda la mano de obra, que es relegada a un vasto sector tradicional de baja productividad. Factores institucionales, como los costos no salariales de la contratación y la rigidez normativa, también desincentivan la formalización, especialmente en pequeñas empresas. El resultado es un “círculo vicioso” que limita la productividad, erosiona la base fiscal y perpetúa la exclusión social, aunque paradójicamente funcione como un amortiguador en épocas de crisis.