Esta disparidad evidencia las barreras estructurales que enfrenta este colectivo.

Para abordar esta problemática, la reforma laboral de 2025 establece una cuota obligatoria para empresas con más de 100 empleados, que deberán contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores a partir de junio de 2026. Sin embargo, se ha señalado que la efectividad de esta medida dependerá del apoyo técnico e institucional para su implementación. En el ámbito local, se destacan iniciativas como las anunciadas por la Alcaldía de Cali, que en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico, implementará programas de capacitación en oficios como panadería y barismo, además de apoyos a emprendedores a través del Plan Semilla. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá promueve el programa 'Empleo Incluyente', que ofrece incentivos económicos a las empresas que contraten a esta población.

Estos esfuerzos buscan no solo cumplir con una normativa, sino dignificar la vida de las familias y promover una verdadera inclusión económica y social.