Sectores como el agrícola, el comercio y los oficios independientes concentran la mayor parte de estos empleos. La reforma laboral de 2025 aborda este problema al introducir incentivos para la formalización, como subsidios a la seguridad social para pequeños empleadores, y al endurecer las sanciones contra la contratación informal o los contratos de prestación de servicios que encubren relaciones laborales. Sin embargo, el reto es mayúsculo, especialmente para los jóvenes, como se evidencia en el departamento del Huila, donde a pesar de un aumento en la ocupación juvenil, la mayoría de los empleos son de baja productividad y sin garantías legales. Esta realidad perpetúa un ciclo de vulnerabilidad económica y desigualdad, limitando no solo el bienestar de los trabajadores, sino también el desarrollo sostenible del país.