Esta normativa, de aplicación inmediata, aplica tanto para nuevas contrataciones como para empleados que ya forman parte de las nóminas.

El Gobierno ha defendido la reforma como un paso decisivo hacia un mercado laboral más formal e inclusivo.

Expertos señalan que esta obligación no solo amplía las oportunidades de empleo, sino que también garantiza el acceso a beneficios como seguridad social, cesantías, primas y pensiones para una población históricamente vulnerable.

Esta política se complementa con iniciativas de formación como la impulsada por CEIPA y Comfama en el Valle de Aburrá, donde 28 personas, 13 de ellas con discapacidad física, visual o auditiva, iniciaron un programa de Técnica Laboral en Administración. Danilo Rendón Restrepo, gerente de Canal Empresas de CEIPA, destacó que el programa responde a las nuevas normatividades y ofrece a las empresas la oportunidad de “construir futuro a partir de estas vinculaciones de los jóvenes al primer empleo”. Mientras las organizaciones sindicales han celebrado la medida como un avance en equidad, algunos sectores empresariales han expresado preocupación por el posible aumento de los costos operativos, especialmente para las compañías medianas.