La reforma ha sido celebrada por organizaciones sindicales, que la consideran un avance significativo en materia de equidad.

Sin embargo, desde el sector empresarial han surgido preocupaciones sobre el posible aumento de los costos operativos, especialmente para las compañías medianas, que deberán adaptar sus estructuras administrativas y financieras para cumplir con la nueva exigencia. El Gobierno ha defendido la medida como un paso decisivo para reducir la informalidad, que supera el 55% en el país. El incumplimiento de esta normativa podría acarrear sanciones contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, lo que impone a las empresas el reto de adaptarse rápidamente para evitar penalizaciones y contribuir a un mercado laboral más inclusivo.