La decisión se basa en denuncias y pruebas audiovisuales que se hicieron virales en 2023, donde directivos de la compañía aparecían humillando al personal. La investigación, que se inició en septiembre de 2023 a raíz de las denuncias de siete trabajadores, estuvo a punto de ser archivada, pero fue reactivada por el entonces viceministro Edwin Palma. El expediente documentó un patrón de intimidación, incluyendo un episodio en el que los empleados fueron obligados a realizar una “formación militar” bajo insultos y amenazas por parte de Diego Fernando Charry Parra, socio y directivo de la empresa. Estos actos, según el Ministerio, generaron miedo, angustia y afectaciones a la salud mental de los trabajadores, como estrés y ansiedad laboral. La sanción se desglosa en tres multas: $508 millones por violar tratados internacionales sobre derechos humanos y protección a la mujer; $254 millones por ofender la dignidad de los trabajadores; y $254 millones por vulnerar el Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, el Ministerio remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Charry Parra por el presunto delito de falso testimonio. La empresa deberá pagar la multa y adoptar correctivos para garantizar un ambiente laboral respetuoso.