Ministerio de Trabajo ratifica millonaria sanción a Cerrejón por fallas en reportes de salud laboral

El Ministerio de Trabajo confirmó una sanción económica superior a los 500 millones de pesos contra la empresa minera Carbones del Cerrejón por el reporte extemporáneo de 29 enfermedades laborales. Esta decisión sienta un precedente sobre la responsabilidad de las grandes corporaciones en el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. La sanción, contenida en la Resolución 3309 del 12 de agosto de 2025 y confirmada por la Dirección de Riesgos Laborales, se fundamenta en el incumplimiento del Decreto 1072 de 2015, que obliga a los empleadores a notificar accidentes graves, mortales y enfermedades laborales diagnosticadas en un plazo máximo de dos días hábiles. El proceso sancionatorio inició en enero de 2024, después de que la compañía reportara con retraso los 29 casos correspondientes a diagnósticos de diciembre de 2023. Durante el proceso, la defensa de Cerrejón argumentó que la demora se debió a “olvidos involuntarios” del personal encargado y no a una actuación de mala fe, solicitando que se consideraran atenuantes. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo desestimó estos argumentos, aclarando que la multa no se impone por la falta del reporte en sí, sino por el incumplimiento sistemático de los plazos legales. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la situación como un “actuar descuidado por parte de la empresa frente a sus obligaciones legales”, destacando que “cada enfermedad laboral de un trabajador o trabajadora obedece a condiciones o exposiciones a factores de riesgo”. La cartera ministerial enfatizó que la recopilación oportuna de esta información es crucial para el diseño de políticas públicas y el cumplimiento de convenios internacionales de la OIT. La empresa dispone de 15 días hábiles para efectuar el pago al Consorcio del Fondo de Riesgos Laborales.

En resumen

La confirmación de la multa por más de $500 millones a Cerrejón subraya la postura firme del Ministerio de Trabajo frente al incumplimiento de las normativas de salud laboral. La decisión destaca la importancia de reportar oportunamente las enfermedades laborales para proteger a los trabajadores y fortalecer la vigilancia estatal, desestimando las justificaciones de la empresa sobre olvidos involuntarios.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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