Aunque el caso estuvo a punto de ser archivado, fue reabierto por el entonces viceministro Edwin Palma, quien consideró que existían pruebas suficientes.

Como resultado, la sanción se desglosa en tres conceptos: $508 millones por violar tratados internacionales, y dos multas de $254 millones cada una por atentar contra la dignidad de los trabajadores. Adicionalmente, el Ministerio remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Diego Fernando Charry Parra por el presunto delito de falso testimonio.