Nuevas Reglas en Reformas Laboral y Pensional Transforman el Panorama del Empleo

El marco normativo laboral en Colombia está en un proceso de transformación, con la implementación de la reforma laboral de 2025 y el debate sobre la reforma pensional. Estas modificaciones introducen nuevas reglas sobre despidos, sanciones a trabajadores y los requisitos para la jubilación, generando tanto expectativas de mayores garantías como incertidumbre en el sector productivo. La reforma laboral, materializada en la Ley 2466 de 2025, establece un procedimiento más riguroso para la imposición de sanciones económicas a los trabajadores. Ahora, el empleador debe comunicar por escrito la apertura de un proceso sancionatorio, especificar los hechos y poner a disposición del trabajador las pruebas, quien tendrá un plazo no inferior a cinco días para presentar su defensa. En cuanto a los despidos, se refuerza la protección contra la terminación del contrato sin justa causa, detallando el cálculo de la indemnización, que varía según el tipo de contrato y el salario del empleado. Por ejemplo, para un contrato a término indefinido con un salario inferior a 10 salarios mínimos, la indemnización es de 30 días de salario por el primer año y 20 días por cada año adicional. Se mantiene una protección especial para las mujeres embarazadas, quienes solo pueden ser despedidas por una causa justa y con previa autorización del Ministerio de Trabajo; de lo contrario, tienen derecho a una indemnización de 60 días de salario. Paralelamente, la reforma pensional, aunque con vicios de trámite detectados por la Corte Constitucional, plantea unificar el requisito de semanas de cotización en 1.300 para todos los trabajadores, lo que impactaría directamente las condiciones para acceder a la jubilación.

En resumen

Las recientes y propuestas reformas a los sistemas laboral y pensional de Colombia buscan fortalecer los derechos de los trabajadores, estableciendo procedimientos más claros y garantistas para sanciones y despidos. Estas nuevas normativas exigen a los empleadores una mayor rigurosidad y documentación, al tiempo que redefinen las condiciones para la indemnización por despido y el acceso a la pensión.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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